Constitución Española

Cataluña. Es el tema del que todo el mundo habla pues la situación es lo suficientemente seria y grave.

España es un estado social y democrático de derecho. Así lo estableció la Constitución de 1978. Este es el momento en el que acaba la dictadura oficialmente y se abre un periodo de transición o asentamiento de nuestra democracia. No exento de tensiones. Previamente, el texto constitucional fue elaborado buscando una solución consensuada que garantizara la convivencia en paz entre los españoles. Su artículo dos habla de tres valores claves: unidad, autonomía y solidaridad.

España no es un estado federado, es un estado unitario si bien consciente de las singularidades de las regiones de nuestro país concede el derecho de autonomía a la vez que la solidaridad entre las regiones. Esto está recogido y ampliamente desarrollado en varios textos legislativos de nuestro ordenamiento jurídico, pero el texto principal que lo declara es nuestra Constitución marco fundamental y base de nuestra democracia.

Destacaría además su artículo 10: “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

La existencia de nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico es precisamente lo que garantiza la existencia de una democracia. No se puede reclamar democracia a la vez que desprecias la Constitución y las normas que rigen la convivencia pacífica de una sociedad.

Las aspiraciones del actual gobierno catalán de separarse de España y constituirse como Estado independiente no sólo atenta contra la integridad territorial del país, atentan contra otros valores y principios de la Constitución española, llamando a la rebeldía y desobediencia, atenta precisamente contra el orden político y la paz social del mencionado artículo 10.

Es obvio, cuando uno aborda una ruptura de este tipo, no esperar permiso. Las rupturas no se acuerdan o consensuan (normalmente). “Cariño, esto no funciona, me voy, pero lo haré si aceptas un periodo de diálogo previo, sino, me iré igual”. Lo que tampoco es de recibo es cortar primero y esperar dialogar después.

El independentismo o las aspiraciones de los independentistas catalanes implica necesariamente una ruptura con el orden pre establecido, con las reglas del juego de la sociedad y el país preexistente. Entonces, ¿para qué el diálogo? La ruptura es un hecho ilegal porque obviamente va en contra de dichas reglas o normas (no sólo en su sentido jurídico). Hasta aquí todo “normal”.

A mi entender, uno de los grandes fallos del “Procés” es su falta de legitimidad. La envergadura de un proyecto separatista como el que aspiran algunos en Cataluña, requiere de una absoluta unanimidad, un apoyo incondicional y convencido de la sociedad catalana en su totalidad (algunos pueden rebajarlo a “inmensa mayoría” en lugar de “totalidad).

Y esto no sucede en el caso catalán.

Es obvio que existe una parte de catalanes que se sienten independentistas y que quieren formar un estado aparte del español, pero no son suficientes, ni de lejos para formar un país diferente. No entraré en porcentajes, si son un 20%, un 35% ó un 50% de la sociedad catalana. Siguen siendo insuficientes. Falta legitimidad porque existe otra gran parte de catalanes que quieren seguir siendo españoles. ¿Qué solución le damos a ellos? ¿Aceptar la ruptura con un post-diálogo?

Digo bien, si alguna vez Cataluña quiere ser independiente para que sus aspiraciones sean legítimas (aunque no legales como he apuntado antes más arriba) debe haber un deseo o aspiración unánime de los ciudadanos en Cataluña y no del resto de españoles (repito hablando en términos de legitimidad, no según la legalidad).

Todo lo dicho hasta aquí no es un descubrimiento. Los propios ideólogos y planificadores de “Procés” lo saben. Saben que su proyecto es ilegal y también ilegítimo. Para justificarlo desarrollan toda una estrategia de marketing político que ha permitido sumar más adeptos a su causa. La estrategia no sólo consiste en convencer a la sociedad catalana, consiste en mostrar al resto del mundo que son un pueblo diferente (mejores) y aspiran a formar un estado propio.

A falta de reinado, corona o hecho histórico que justifique la separación, a falta de pruebas genéticas (mira que lo han intentado también) que demuestren un origen diferente al resto de españoles y los erija como pueblo único y diferenciado del resto de los seres vivos de la península, recurren al argumento del Estado opresor. Y aquí entra en juego, como decía, el marketing político. Hay que demostrar al resto del mundo ( y en ese empeño se encuentra ahora los ideólogos del Procés) que España es sólo una democracia sobre el papel pero no en la realidad.

Vendieron el referéndum como un acto de democracia y libertad, cambiando la palabra “referéndum” por “derecho a votar”. La dialéctica se cambió, dejó de hablarse de ilegalidad para reclamar libertad. “No se trata de buscar la independencia, sino derecho a decidir” decían. Pantomima es lo que fue, un pulso al gobierno, a sabiendas que la justicia intervendría pues ya estaban prevenidos.

Se buscaba y esperaba la intervención del Estado, de sus mecanismos jurídicos y de los instrumentos para hacerlos cumplir: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las cargas policiales, por cierto, legales y legítimas siempre que sean proporcionadas, fueron las imágenes esperadas (otras inventadas). Ya tenían el argumento perfecto, España, además de robarnos, nos oprime.

Han sido numerosas las provocaciones por parte del gobierno catalán, continuos llamamientos de su presidente, sr. Puigdemont a la rebeldía y desobediencia. Interesaba tensar el ambiente, movilizar a la gente, arengándola en una escala de violencia verbal no vista hasta ahora por parte de un gobierno autonómico. Dicha tensión se trasladó a la calle, a la sociedad catalana. Entonces, no se pedía diálogo.

Sólo cuando han descubierto que carecen de apoyos a nivel internacional, cuando bancos y empresas multinacionales han decidido trasladar sus sedes fuera de la región (por razones prácticas y no políticas, el dinero no entiende de ideologías, pero sí de estabilidad) han bajado el tono de su lenguaje y ahora piden diálogo.

El marketing político continúa, sólo cabe la huida hacia adelante esgrimir que su causa es una causa política y por tanto en un país que pretende ser democrático y libre no puede tomar represalias contra ellos. Todo vale porque su causa es política.

Resulta asombroso cómo se utiliza lo político y su concepto como salvaguardia de cualquier exigencia de responsabilidad. Esto me suena mucho al discurso de aquellos políticos corruptos, investigados o condenados, que cuando son sorprendidos en su hecho delictivo arguyen oscura campaña política en su contra, cuando en realidad son sólo delincuentes.

Seguramente la gestión de este conflicto por parte del gobierno de España es bastante mejorable. Algo de responsabilidad tenga también los gobiernos anteriores, preocupados por mantenerse o alcanzar el poder y/o por mantener o conseguir la gobernabilidad. Así partidos nacionalistas como PNV y CIU a lo largo de muchas legislaturas, a cambio de su apoyo, han ido consiguiendo cuotas cada vez mayor de autonomía… hasta que ésta dejó de ser suficiente.

El tema ha sido objeto de debate y por supuesto, cada uno es libre de opinar, pero nos dejamos enredar en el lenguaje, cantos de sirenas, cuando todo es mucho más sencillo. Aquí se ha atentado contra la integridad territorial, la unidad del Estado y la paz social. Ha habido una ruptura o intento de ruptura y la Constitución establece mecanismos de protección, si hay que aplicar el famoso artículo 155, que se aplique.

Considero gravísimo la actuación del gobierno catalán pero además considero absurdo cuestionar el uso de instrumentos LEGALES y LEGÍTIMOS, como el artículo 155. Manipular de nuevo la situación responsabilizando al gobierno de su uso como causa de la tensión y escisión de la sociedad catalana es otra vez más palabrería malintencionada.

Dado que este artículo no se aplicó nunca, el gobierno español, sabiamente ha consensuado las medidas que se tomarán con la mayoría de los partidos de la oposición (Ciudadanos y Psoe). Éstas serán conducentes principalmente a restablecer la legalidad y vigencia del orden constitucional en Cataluña.

Los que esperaban tanques invadiendo la Comunidad se quedarán con las ganas. Se cesa a los miembros que componen el gobierno catalán, se cesa a los promotores de la secesión, pero no suspende la Comunidad Autónoma ni el derecho de autonomía.

Aunque el objetivo del gobierno español sea restablecer también el orden y paz social, esto desde luego, no sucederá hoy ni el mes que viene. Será necesario abrir o establecer un mecanismo de diálogo social y político pero eso será con distintos protagonistas.

Siempre he pensado que a nuestra ciudadanía le falta cultura o madurez democrática. Conocer cómo funciona el estado, conocer sus instituciones, su funcionamiento, los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos debiera ser una asignatura obligatoria desde los colegios, de la misma forma que se enseña seguridad vial, por ejemplo. Sólo así, la sociedad, la opinión pública dejará de ser manipulable o estar a merced de adoctrinamientos. Ciudadanos maduros que sepan discernir la realidad de los intereses partidistas. En este caso u otros. Dejaremos de apoyar a partidos políticos o proyectos políticos como si de un club de fans se tratara. Sólo entonces alcanzaremos todos la madurez democrática y se evitará atentados contra ella.

Sandra Sánchez

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración

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